Un alto grado de protección del consumidor en la contratación financiera

Los co-directores del curso sobre "La tutela del consumidor en la contratación financiera"-Alfonso Cavallé y Lorenzo Prats- han escrito para la revista "Escritura Pública" un artículo en el que reflexionan sobre la protección de consumidores y el papel que deben desempeñar, entre otros, los notarios.

Este seminario, organizado por el Consejo General del Notariado, se celebró el pasado mes de julio en el marco de los cursos de verano que organiza la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en Santander.

Alfonso Cavallé es decano del Colegio Notarial de Canarias, presidente de la Comisión deConsumo del Consejo General del Notariado, y responsable del Órgano de Control de Cláusulas Abusivas (OCCA). Lorenzo Prats es catedrático de Derecho Civil de la Universidad Autónoma de Barcelona.

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"La libre elección del notario es un derecho irrenunciable del consumidor"

"La libre elección del notario tiene consecuencias en la fase precontractual y contractual, ya que afecta a un principio básico como es el recibir en tiempo oportuno una información jurídica adecuada. Cualquier práctica que dificulte o limite este derecho es una práctica abusiva", manifestó Alfonso Cavallé, decano del Colegio Notarial de Canarias, presidente de la Comisión de Consumo del Consejo General del Notariado y responsable del Órgano de Control de Cláusulas Abusivas notarial en la clausura del curso "Tutela del consumidor en la contratación financiera", organizado por el Notariado dentro de los cursos de verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.

“En ámbitos de contratación bajo condiciones generales de gran trascendencia económica para los consumidores –apuntó Cavallé-, dado el valor de los bienes, las obligaciones y responsabilidades que asumen, el Estado pone como herramienta la intervención del notario. Son muchas las normas que imponen deberes concretos al notario en defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios de productos financieros e hipotecarios. Sin embargo, al consumidor no se le está dando suficiente información sobre derechos que tiene, como el de elegir notario, el recibir con suficiente antelación de las entidades financieras la Ficha de Información Personalizada sobre su préstamo y de revisar el documento en la notaría en los días anteriores al otorgamiento, mecanismos todos ellos que buscan garantizar un consentimiento libre, verdaderamente formado e informado”.

Durante la mesa redonda bajo el título Cláusulas en la contratación bancaria: determinación, control e interpretación, participaron junto a Cavallé, el magistrado Francisco Marín Castán, presidente de la Sala Primera del Tribunal Supremo y Javier Rodríguez Pellitero, vicesecretario general y jefe de la asesoría jurídica de la Asociación Española de Banca.

Para Castán, la labor de la judicatura está resultando determinante para la efectiva protección del deudor hipotecario. "Se ha mostrado la necesidad de una doctrina jurisprudencial que haga verdaderamente efectiva la protección que la ley dispensa a los adquirentes de viviendas por compraventa o en régimen de cooperativa. La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo viene dedicando cada vez más atención a estas materias, dado el creciente número de recursos que las plantean; sentencia a sentencia, como es propio de la jurisprudencia, se van sentando criterios que contribuirán a unificar la interpretación y aplicación del derecho por todos los tribunales civiles y a orientar las líneas de actuación de sectores tan relevantes de la comunidad jurídica como el Notariado. Los jueces, por tanto, se encuentran ante una difícil labor para la que, sin embargo, están especialmente cualificados no solo por su preparación jurídica sino también por su independencia e imparcialidad.

En opinión de Rodríguez Pellitero, "algunos inversores infravaloraron los riesgos que suponía adquirir productos de inversión. La insatisfacción proviene del resultado económico; el reproche general al comportamiento de las entidades es una crítica coyunturalista debida a la situación de fluctuación económica de los mercados". El representante de la patronal bancaria demandó una "mayor comprensión de los productos por parte de los clientes", mientras que -por parte de bancos y cajas- una mejora de la formación de su personal y una simplificación de los productos".  

"La información es el principal instrumento para proteger los intereses de los consumidores de productos financieros"

"Según el Derecho de Consumo la información es el instrumento principal para proteger los intereses económicos de los consumidores", declaró José Ramón Navarro, presidente de la Audiencia Nacional, en la segunda jornada del curso Tutela del consumidor en la contratación financiera, organizado por el Consejo General del Notariado.

• Para el notario Javier Martínez del Moral "la puesta a disposición de la oferta vinculante con antelación" aumentaría la transparencia

• Para el notario Javier Martínez del Moral "la puesta a disposición de la oferta vinculante con antelación" aumentaría la transparencia

"De ahí -prosiguió el magistrado- la importancia de una correcta publicidad de los servicios financieros. Debido a la relevancia tanto económica de estos productos por cuanto atienen al núcleo de los intereses dinerarios de los consumidores: el patrimonio y el ahorro; como a la complejidad técnica de los mismos, lo que dificulta enormenente su valoración y elección respecto de toda la oferta que de ellos se presenta el mercado, nuestro ordenamiento jurídico se ha vertebrado de un régimen jurídico específico y sectorial, que garantiza la defensa de los consumidores y usuarios y su protección frente a la publicidad engañosa, que puede ser conceptuada como todo aquel mensaje publicitario que puede inducir a error a su destinatario".

Manuel Conthe, expresidente de la CNMV, en su intervención Enseñanzas de la reciente crisis financiera sobre tutela del consumidor apuntó algunas mejoras adicionales para la protección del cliente de productos de inversión, como “el asesoramiento público en línea sobre nuevos productos financieros; secciones fijas en medios de comunicación; la potenciación del papel de los notarios, y un mayor contacto entre CNMV y Servicios de Atención y Defensa del Cliente”.

“En la comercialización de productos financieros –continuó el jurista-, en algunos casos se han dado malas prácticas que pueden dar origen a sanciones administrativas, nulidad de los contratos, derecho a indemnización por daños y perjuicios o, en casos muy extremos, incluso conductas penales. Pero es también muy probable que en otros haya habido una infravaloración de los riesgos por los inversores y que ahora éstos tratan de cargar su error a las entidades que les vendieron los productos. Hay que analizar cada caso concreto”.

Previamente a estas intervenciones, tuvo lugar una mesa redonda sobre La legislación tutelar de los usuarios de servicios financieros: Valoración crítica y necesidades de mejora, donde el notario Javier Martínez del Moral, señaló el posible carácter abusivo de algunas cláusulas predispuestas en la contratación financiera, "tales como 'haber recibido información' o 'haber realizado un test de conveniencia' y que son asumidas por el cliente, lo que no prueban por sí solas el cumplimiento de los deberes de transparencia.

Para el notario, "resulta obligado que un tercero independiente pueda asesorar oportunamente y garantizar un control preventivo para evitar el litigio. La intervención notarial puede asegurar la transparencia precontractual. El derecho a la libre elección del notario por el consumidor y la puesta a disposición de la oferta vinculante con antelación permitiría asegurar  la transparencia”.

El diputado socialista Antonio Hurtado señaló algunas propuestas de mejora de la protección a usuarios de servicios bancarios, como "agilizar el ineficaz procedimiento administrativo de reclamaciones. Primero se acude al Servicio de Atención al Usuario de la entidad, o al Defensor del Cliente, que dispone de un plazo de dos meses para responder a la reclamación. Con posterioridad, hay que dirigirse al Servicio de Reclamaciones del Banco de España o de la CNMV que tiene un plazo de cuatro meses para resolver; además, la resolución no es vinculante para la entidad financiera".

La diputada popular Irene Herrero apuntó algunas de las soluciones que el Ejecutivo contempla para reforzar las garantías del deudor hipotecario ante el sobreendeudamiento: "limitar los intereses de demora a tres veces el interés legal de dinero para evitar la rápida multiplicación de las deudas que generaba el tipo de interés compuesto; perfeccionar el régimen de venta extrajudicial de los bienes hipotecados; limitar el valor de la tasación para la subasta, que no podrá ser inferior al 75 por ciento del valor de tasación del momento de la escritura y reforzar la independencia de las tasadoras con respecto de las entidades financieras".

Manuel Pardos, presidente de ADICAE (Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros), se mostró muy crítico con la política legislativa de protección a los consumidores que "tras treinta años de existencia, ha entrado en una fase de estancamiento e inercia. Es una normativa reactiva, no proactiva en defensa de los consumidores; la contratación de productos y servicios bancarios, financieros y de seguros debería estar sujeta a la normativa de consumo".

Como propuestas de mejora, Pardos apuntó "una regulación específica y propia de la acción colectiva en defensa de los consumidores; reformar la resolución extrajudicial de conflictos en materia financiera, ya que el 70 por ciento de las resoluciones judiciales favorables al consumidor no se cumplen; implementar el procedimiento concursal  Fresh Start específico para consumidores; poner en marcha una Agencia de Protección de los Consumidores Financieros o diseñar una ley de contratos bancarios". 

"Es necesario reforzar los controles preventivos y la transparencia de los contratos financieros"

"Sería necesario mejorar la transparencia e información que reciben los consumidores a la hora de contratar productos financieros; así como reforzar la corresponsabilidad y los controles preventivos para evitar crisis como las sucedidas con las preferentes y el sobreendeudamiento masivo", declaró José Manuel García Collantes, presidente del Consejo General del Notariado (CGN) en la inauguración del curso Tutela del consumidor en la contratación financiera.

• "El asesoramiento previo del notario puede aportar información y claridad a los consumidores antes de adquirir un producto de inversión", señaló Collantes

Este foro se enmarca dentro del programa de cursos de verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y se celebra en el Palacio de la Magdalena de Santander los días 28 y 29 de julio. El seminario está dirigido por Alfonso Cavallé, decano del Colegio Notarial de Canarias, presidente de la Comisión de Consumo del CGN y responsable del nuevo Órgano de Control de Cláusulas Abusivas notarial, y Lorenzo Prats, catedrático de Derecho Civil de la Universidad Autónoma de Barcelona.

Para Collantes, los notarios pueden jugar un papel determinante a la hora de asesorar a los consumidores previamente a la firma de un producto financiero. “Los notarios han aportado, aportan y quieren aportar –siempre que el legislador nos dote de la debida independencia- información y claridad al ciudadano a la hora de adquirir un producto financiero”. Entre las prácticas puestas en marcha desde el colectivo notarial para incrementar la transparencia destaca la libre elección de notario, la prohibición por parte de los Colegios de desplazarse los notarios a las entidades financieras para firmar, o la explicación exhaustiva de los contratos.

“Quizá no hayamos estado a la altura de enfocar el fenómeno de acceso universal al crédito y a productos financieros complejos. Pero debemos intentar resarcir el perjuicio causado y recomponer satisfactoriamente las consecuencias negativas de estos sucesos sobre los consumidores”, apuntó Collantes quien destacó algunas iniciativas legislativas puestas en marcha como el mecanismo arbitral incluido en el Decreto Ley de protección a los titulares de determinados productos de ahorro e inversión, o la directiva de contratos de crédito celebrados con los consumidores para los inmuebles de uso residencial.

Por su parte, Fernando Tejada, director del departamento de conductas de mercado y reclamaciones del Banco de España analizó en su intervención las Normas de transparencia y protección de los clientes de servicios bancarios.Según Tejada, las claves para evitar "la comercialización inadecuada de productos y servicios financieros" pasan por "reforzar la protección del consumidor y mejorar su cultura financiera. Los organismos internacionales y las autoridades regulatorias están asumiendo el reto que supone mejorar la información que reciben los ciudadanos".

Para el directivo del Banco de España, "la existencia de tipos de interés nominales relativamente bajos ha acrecentado la complejidad de los productos financieros para obtener mayores rendimientos, sin que los inversores minoristas fueran plenamente conscientes de los riesgos. La innovación financiera en el abanico de productos bancarios, de seguros y de inversión; el incremento de la competencia entre entidades y el aumento de la venta transfronteriza de fondos han generado que los ciudadanos se hayan visto obligados a asumir mayores responsabilidades en su toma de decisiones".

Tutela del cliente minorista de productos financieros fue el título de la ponencia deLourdes Centeno, vicepresidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que clausuraba la primera sesión del curso. La representante del regulador bursátil coincidió en la necesidad de fomentar la cultura financiera. "Desde la CNMV, en colaboración con el Banco de España, estamos trabajando en el desarrollo de iniciativas como el Plan de Educación Financiero que ha sido renovado hasta 2017 dirigido a dotar a los ciudadanos de herramientas y conocimientos que les permitan adoptar decisiones financieras apropiadas. Esta experiencia servirá además para incorporar la educación financiera en el currículo escolar, aprobada en un reciente Real Decreto que establece los contenidos de la enseñanza primaria".

Centeno también demandó colaboración de bancos y cajas a la hora de detectar riesgos para los inversores: "Resulta fundamental que las propias entidades establezcan procedimientos robustos para el lanzamiento de nuevos productos, con implicación de la alta dirección en su aprobación, delimitación de un público objetivo y adecuación del producto a las necesidades de los clientes."

Representantes de las entidades reguladoras (Banco de España y Comisión Nacional del Mercado de Valores), diputados (del PP y PSOE), notarios, asociaciones de consumidores (ADICAE) y de la banca (AEB), magistrados del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional, economistas, jueces y abogados analizarán en mesas redondas y ponencias aspectos como las normas de transparencia y protección de los clientes de servicios bancarios; la tutela del cliente minorista de servicios bancarios; las necesidades de mejora de la legislación tutelar de usuarios de servicios financieros; la publicidad engañosa en la contratación de servicios financieras; las enseñanzas de la reciente crisis financiera sobre tutela del consumidor, o la determinación, control e interpretación de las cláusulas. De las diversas exposiciones e intervenciones se espera un intercambio de experiencias, conocimientos, conflictos y tratamiento de los mismos que permitan surgir propuestas de mejora de la regulación, que impliquen una mayor protección del consumidor y hagan más fuerte y eficiente al mercado financiero.